El impacto de aplicar el ajuste por inflación en los balances
Hace unos días, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, dijo que solicitará al gobierno nacional que se permita a las compañías aplicar el ajuste por inflación que está vedado desde la ley de Emergencia Pública que fue sancionada en el año 2002. Este reclamo también fue efectuado a Cristina Fernández de Kirchner sin que prosperara. ¿Formará parte del reacomodamiento de las variables y números que viene efectuando el gobierno de Macri? ¿Y qué efecto tendría en los balances de las compañías?
Comencemos viendo las distorsiones que ha generado no efectuar este ajuste por más de una década. La inflación afecta tanto a los activos monetarios como pasivos monetarios ya que éstos están fijos y no se mueven con los cambios en el nivel general de precios de la economía.
Como ejemplos de activos monetarios tenemos a la caja en pesos o cuentas por cobrar. Llevándolo al caso de una empresa, cuando demoran en pagarle un crédito ésto reduce su ganancia en términos reales (los pesos que cobra compran menos bienes que los que hubieran comprado si lo hubiera cobrado a la fecha indicada) pero no queda reflejada en el balance.
En cambio, las empresas que tienen pasivos monetarios como deudas con una tasa fija, se ven beneficiadas con la licuación de sus deudas obteniendo una ganancia con ésto, hecho que tampoco queda reflejado en el balance.
Las empresas argentinas que cotizan en bolsa desde hace unos años deben adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Éstas sostienen que el ajuste por inflación debe efectuarse siempre que existan indicios de que la economía es hiperinflacionaria. Uno de ellos es que la tasa acumulada de inflación se aproxime o exceda al 100% en tres años. A fines de 2015, esta inflación acumulada era de 64% según los organismos encargados de monitorear países inflacionarios para empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. A fin de este año con el nuevo índice de precios del Indec podría llegar a alcanzarse la cifra de 100% en tres años (ya que basta con un 25% de inflación anual en esos 3 años para alcanzar la cifra).
Para los usuarios de los estados contables, resulta imprescindible que este ajuste sea permitido ya que sino la utilidad de los mismos para la toma de decisiones se ve reducida. Esto se ve agravado en compañías que poseen gran cantidad de bienes de uso (como empresas de servicios públicos), ya que estos bienes se encuentran valuados a valores históricos (con la excepción de aquellas empresas que hayan decidido aplicar el modelo de revaluación de bienes de uso).
Las consecuencias son muchas, pero se destaca que el valor del patrimonio de las empresas resulta irrisorio respecto a su valor real. Esto también se ve reflejado en indicadores como el precio/valor libro que, al compararlo con empresas de países similares a Argentina en Latinoamérica, existen grandes brechas.
A su vez, los bancos tienen menos información para conocer el estado de las empresas ya que su patrimonio y/o resultado económico puede diferir de su situación real y no concediendo un préstamo a la compañía por considerarla que no es lo suficientemente solvente cuando si se valuaran bien sus activos el resultado sería otro.
Por último, esto también genera una diferencia en los impuestos abonados por la compañía ya que se presentan situaciones en las que los costos no están ajustados para reflejar los cambios de precios. En empresas en que el ciclo productivo es largo, esto genera un gran impacto ya que los costos tienen “precios viejos” y las ventas “precios nuevos” por lo que la compañía debe pagar impuestos sobre una ganancia que no es real.
Resulta vital para una economía que busca volverse predecible y en sintonía con los estándares internacionales que se permita reconocer el efecto de la inflación en los balances de las empresas.
Nota Publicada por El Economista – 28/06/2016
